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Dos naciones andinas y los refugiados judíos

Partidos políticos, actuaciones gubernamentales

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27Pulqui
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Dos naciones andinas y los refugiados judíos

Mensaje por 27Pulqui » Sab Ago 29, 2009 3:33 pm

Introducción

El agravamiento progresivo de las persecuciones nazis contra los judíos a lo largo de los años treinta, llevó hacia fines de aquella década a una búsqueda desesperada de lugares de refugio, incluso en países remotos, poco desarrollados y generalmente poco conocidos por la mayoría de los judíos. Perú y Bolivia pertenecían, sin duda alguna, a esta categoría. Asimismo, a orillas del Pacífico, en Lima y el Callao, o en lo alto de los Andes, en La Paz y Cochabamba, peruanos y bolivianos apenas tenían noticia de las tribulaciones de los judíos en la Europa nazi.

El párrafo precedente, extraído del artículo “Perú y Bolivia –dos naciones andinas- y los refugiados judíos en la era nazi” de Haim Avni, nos introduce en un tema complementario del ya expuesto en Los refugiados en Suiza de 1933 a 1945. En este caso observaremos el tratamiento al problema de los refugiados judíos en dos países sudamericanos, destino de muchos emigrantes que debían partir de los lugares de tránsito de Europa. En particular nos referiremos a Bolivia y Perú, dos países sin tradición de inmigración israelita, con foco en la actitud y reacción de los gobiernos y su contribución a la supervivencia de los judíos.

Los capítulos seguirán las cuestiones abordadas por Avni, de manera que por parágrafos o resúmenes iré extrayendo el contenido del texto (pp. 327-360), respetando los títulos elegidos por el autor. El artículo pertenece a la compilación de Carlos Escudé y Beatriz Gurevich (editores), El genocidio ante la historia y la naturaleza humana, Buenos Aires, U Di Tella-GEL, 1994.

Es una serie de diez mensajes en total, incluyendo al presente. En el último ampliaré la información con otras fuentes y anotaré algunas consideraciones personales.


1. Países indoamericanos y sus regímenes

En Perú, el censo de 1940 arrojó una población de 6.207.917 personas, los “blancos” y los “mestizos” figuraban en una sola categoría que agrupaba el 52.89%. Sin embargo, los indígenas constituían la mayoría absoluta de la nación cuya población total se estimaba en 7.023.111 almas. Esto se desprende del hecho de que la mayoría –quizá la totalidad- de la población no censada era aborigen. La población de Bolivia en 1932 se cifraba en 3.066.915 habitantes. Sólo el 14,6% de ellos fueron clasificados como “blancos” y 30,9% como “mestizos”, en tanto que el 54,5% figuraban como “indios”. Tanto el Perú como Bolivia eran, por consiguiente, típicamente indoamericanos.

Ante esta realidad demográfica, cabe preguntarse quiénes eran aquellos de cuya disposición a acoger inmigrantes dependía la inmigración de salvamento de los judíos. Un indicio de la respuesta a este interrogante puede hallarse definiendo cuál era la población con derecho a participar en la lucha política local en cada uno de los dos países.

En Perú, ese derecho estaba limitado a los varones mayores de edad que supieran leer y escribir. Su número alcanzó en las elecciones de 1931 la cifra de 390.000, de los cuales sólo 320.000 ejercieron su derecho. En octubre de 1936 los votantes eran 192.248 y en las elecciones convocadas tres años más tarde, el número de votos emitidos fue de 339.113. La gran mayoría de ese núcleo selecto de peruanos pertenecía a la población “blanca” y a los círculos de mestizos más allegados a ella. En Bolivia se permitía la participación en la vida electoral a los varones mayores de edad, alfabetizados y, de hecho, propietarios de algunos bienes. En las elecciones del mes de marzo de 1940 votaron tan sólo 58.000 personas.

Un cierto interés por la población indígena halló en Perú una expresión destacada en dos movimientos revolucionarios, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), creada en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, y el movimiento socialista de José Carlos Mariátegui, que se convirtió luego en el Partido Comunista del Perú (PCP). Aunque durante el período que aquí nos concierne esos movimientos revolucionarios no alcanzaron el poder, la atracción que ejercieron sobre las clases bajas de la sociedad, y sobre el amplio sector indígena marginado, constituyó un desafío a la antigua oligarquía.

En las elecciones de octubre de 1931, Haya de la Torre fue derrotado por Luis M. Sánchez Cerro, con el apoyo de las fuerzas de la oligarquía. Al ser asesinado Sánchez Cerro en abril de 1933, subió al poder el general Oscar R. Benavides. La Asamblea Constituyente, elegida también en 1931 -de la que fueron expulsados los representantes del APRA-, fue la que confió el poder a Benavides hasta terminar el mandato del presidente asesinado. Las elecciones de 1936 fueron anuladas por la misma Asamblea Constituyente, había triunfado un candidato con los votos del APRA, no obstante la proscripción de ese movimiento. La Asamblea Constituyente se disuelve después de encomendarle la presidencia a Benavides por tres años más y de concederle plenos poderes legislativos. De este modo, el general Benavides se convirtió en gobernante “constitucional” hasta el 22 de octubre de 1939. Con el apoyo de los vetados APRA y PCP, en las elecciones de 1939 triunfó el conservador Manuel Prado, y pasó a ocupar la presidencia hasta el mes de octubre de 1945.

En Bolivia, el panorama político cambia fundamentalmente. Desde el mes de junio de 1932 y durante tres años, en los sangrientos campos de batalla de la guerra con Paraguay, murieron o desertaron 65.000 combatientes, de ahí nació la rebeldía reformista que transformó a Bolivia en uno de los países más radicalizados de América Latina. De la contienda emergieron el coronel David Toro y el teniente coronel Germán Busch, fueron ellos quienes, liderando a sus colegas, encarcelaron al presidente oligárquico en noviembre de 1934. Imbuidos en ideales reformistas, desde el poder Toro y Busch ensayaron lo que terminó por calificarse como el “socialismo militar”. En las elecciones de marzo de 1938 triunfa Busch, quien en abril de 1939 suprime las facultades del Congreso Nacional. La inestabilidad emocional de Busch lo llevó al suicidio el 23 de agosto de 1939. En las elecciones de marzo de 1940, las fuerzas tradicionales, marginadas en el populismo-militar, se unieron en el bloque de la Concordancia. El gobierno de la Concordancia del general Enrique Perañanda es derribado el 20 de diciembre de 1943 por un golpe militar con participación del nacionalismo fascista y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), este último destinado a jugar un papel central en la historia boliviana de la posguerra.

En pocas palabras, durante la era del nazismo, en la turbulenta vida política boliviana había un ambiente dinámico y progresista, en contraste con el ambiente oligárquico y tradicionalista que dominaba la vida nacional de su vecino.

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Mensaje por 27Pulqui » Lun Ago 31, 2009 2:59 pm

2. La capacidad de salvamento

El factor principal que determinó la capacidad objetiva de Perú y de Bolivia para absorber refugiados fue, sin lugar a dudas, su situación económica. Sin entrar a analizar aquí la estructura económica de ambos países, apuntaremos algunos datos susceptibles de sugerir el grado de recuperación de sus economías a fines de los años treinta.

En Perú, la producción minera (100 puntos en 1919) llegó en 1927 a 344 puntos, en 1932 debido a la crisis mundial tocó fondo con 156 puntos, y subió en 1936 a 319 puntos. En el sector agrícola, los índices de la producción del azúcar y de algodón del año 1936 superaron a los del año 1927. También el volumen de la carga desembarcada en los muelles del Perú en el año 1936 superó al del año 1927. Al mismo tiempo, el índice del costo de vida general quedó en 1936 por debajo del registrado en 1927: 85 puntos contra 103. Estos datos cobran mayor peso a la luz del auge de la industrialización de los ramos textiles y cuero, cuyo valor de la producción aumentó de 1933 hasta 1939 en un 72,5% y se sextuplicó hasta 1944. La estabilidad y la superación de la crisis en Perú se reflejó también en el descenso del número de desempleados, en 1931 se anotaron 13.202 jefes de familia sin trabajo necesitados de ayuda; en 1939 eran 949.

La recuperación de los precios del estaño y de los demás productos mineros repercutió también favorablemente en la economía de Bolivia. Pero este país tenía que afrontar las consecuencias desastrosas de la guerra del Chaco, a los grandes presupuestos anuales de dedicados al esfuerzo bélico se le sumaron las cuantiosas sumas que el erario de la república tuvo que pagar durante largos años después del cese del combate. Sin embargo, la guerra del Chaco tuvo también otras repercusiones económicas, algunas de ellas contradictorias. La demanda de productos de consumo, cuya importación se restringió durante las hostilidades, allanó el terreno para su producción local al tiempo que la escasez de mano de obra eliminaba cualquier vestigio de desempleo que hubiera quedado del comienzo de los años treinta. Esta realidad laboral ayudó a Toro y a Busch a modificar profundamente los estatutos laborales. Por otra parte, la moneda nacional sufrió una devaluación drástica –de 20 boliviano por una libra esterlina en 1935 a 141 en los años 1937/39- al tiempo que la inflación aumentaba a un ritmo considerable.

La situación económica de Bolivia a finales de los años treinta, era muy distinta de la del Perú, país que gozaba de estabilidad política y consolidada, considerablemente, su economía. Pero, a pesar de las grandes diferencias que separaban a los dos países, los horizontes de ambos iban despejándose a medida que Europa se aproximaba a –y luego entraba en- la Segunda Guerra Mundial. Con ello, iba en aumento la capacidad objetiva de aceptar refugiados.

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Mensaje por 27Pulqui » Mié Sep 02, 2009 3:48 pm

3. Legislación y política inmigratoria

En 1929 llegó a su fin una breve época durante la cual Perú mantuvo puertas abiertas a la inmigración. Los decretos prohibiendo el ingreso de trabajadores comenzaron a partir del 15 de septiembre de 1930 y se hicieron más severos en el transcurso del año 1933. Hacia el final del primer período presidencial de Benavides, toda la legislación se condensó en nueva ley, cuyo contenido establecía que ningún grupo de extranjeros podía superar el dos por mil de la población total del Perú, que se estimaba en 8.000.000 de almas. La ley establecía como máximo a 16.000 personas por cada grupo nacional de inmigrantes que podían permanecer en el país.

Las mismas regulaciones siguieron constituyendo la base política inmigratoria peruana después de que Manuel Prado sucediera a Benavides en la presidencia, e incluso se hicieron más rigurosas hasta que, el 18 de mayo de 1940, un decreto estipuló: “Queda suspendido el ingreso al país de extranjeros inmigrantes”.

La actitud de Bolivia hacia la inmigración era notablemente distinta. A partir del año 1907, cuando se decretó una ley de colonización, los gobiernos bolivianos trataron de fomentar la inmigración de colonos para ocupar tierras fiscales baldías. La falta de vías de comunicación entre las propuestas colonias de los pocos núcleos urbanos existentes fue el motivo de los pobres resultados que rindieron estos esfuerzos.

La guerra del Chaco introdujo trabas administrativas al ingreso de extranjeros a Bolivia, basadas en razones de seguridad. Pero la misma guerra incrementaba la voluntad del gobierno de ver su frontera con Paraguay colonizada. A los decretos del 17 de julio y del 22 de agosto de 1937 les siguió el del 24 de julio de 1938, que representaba un gran esfuerzo para atraer inmigrantes. La legislación prometía a los interesados la adquisición de una finca y de una chacra de una extensión que oscilaba entre las 20 y las 50 hectáreas. La circular urgía a los cónsules de Bolivia a dar a esta oferta la mayor publicidad posible.

El 30 de septiembre de 1938 se repitió la instrucción dada a los cónsules de reclutar inmigrantes colonos. El motivo de esta repetición fue la llegada al país de una comisión de Checoslovaquia que tenía por objeto buscar posibilidades de emigración para sus nacionales. Por entonces ya se había firmado el Convenio sobre inmigración entre la República de Bolivia y la República de Polonia, que incluía, esencialmente, los mismos compromisos por parte de Bolivia, dándoles la forma de acuerdo bilateral.

En el momento en que Perú, a pesar de su mayor recuperación de la crisis económica, cerraba sus puertas a los inmigrantes, Bolivia, cuyos avances económicos eran mucho menores, iba buscando nueva población para sus tierras. A esta diferente política inmigratoria entre los dos países, se sumaba el trato que confería cada uno de ellos a los extranjeros ya radicados en su suelo.

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Mensaje por 27Pulqui » Vie Sep 04, 2009 4:11 pm

4. Actitudes oficiales hacia los extranjeros

En diciembre de 1938 se encontraban en territorio peruano 63.805 extranjeros. El grupo más numeroso lo constituían los japoneses con un total de 22.728 almas, siguiéndolos los chinos con 16.356. En 1933 se promulgó un decreto por el cual quedaba prohibido a los patrones emplear más de un 20% de extranjeros en sus empresas, sin que el conjunto de sus salarios pudiera superar tampoco el 20% de salarios pagados por la empresa. La limitación de los empleos se convirtió, desde entonces, en línea rectora de la política del Perú hacia los extranjeros. El rígido sistema de control (p.e. la obligación de inscribirse en una oficina especial y renovación de la cédula de identidad cada seis meses para acceder a servicios bancarios y alojarse en hoteles) era, en apariencia, la expresión de una xenofobia intensa hacia todos los extranjeros, pero, de hecho, no era sino el reflejo de un racismo sistemático, dirigido contra un sector muy definido entre ellos: el de chinos y japoneses.

Los chinos habían sido traídos después de la abolición de la esclavitud en 1849. Por otra parte, desde 1899 en adelante, fueron llegando los japoneses. Cuando mejoró algo su situación y empresarios chinos y japoneses empezaron a aparecer como colonos en las zonas de agricultura intensiva y, sobre todo, en ciertos oficios –comercio y servicios personales- en las grandes ciudades, se desató la enemistad contra ellos. Esta se convirtió muy pronto en odio racial exacerbado. En 1940, el hecho de que la ”colonia” de asiáticos representara apenas el 0,68% de la población censada del Perú no impidió que continuara el hostigamiento contra ella: las palabras de algunos diputados sobre “invasión”, “dominio” u “ocupación” de las fuentes de ingreso reflejan una imagen de fuerza sin relación alguna con la dimensión cuantitativa real.

Xenofobia general, centrada en el odio a chinos y japoneses, e impregnada de imágenes racistas con motivaciones derivadas, en no pequeña medida, de su actividad económica, tal es el cuadro que surge del conjunto de decretos y reglamentos aplicados en materia de extranjería. Las actitudes de los gobiernos de Bolivia en este terreno eran fundamentalmente distintas.

El número de extranjeros residentes en ese país, a mediados del año 1934, era insignificante, así informó el vicecónsul estadounidense en La Paz a sus superiores. Una censo llevado a cabo en La Paz detectó un total de 5.608 “blancos no latinoamericanos”. La concentración de los extranjeros en ciertas zonas de la capital y en ciertas capas de la vida económica y social, incrementó su visibilidad, lo que pudiera dar origen a la xenofobia. Pero, en la medida que existió, no fue oficial.

También en Bolivia se decretó la obligación de los extranjeros de registrarse. Cuando, el 29 de diciembre de 1939, el gobierno gravó a los extranjeros con un impuesto especial de 500 bolivianos anuales, esta medida, que suscitó la protesta de varias representaciones diplomáticas, no fue interpretada por ellas, sin embargo, como una medida de persecución.

La conciencia de las diferencias raciales entre los “blancos”, los “cholos” o mestizos y los indígenas imperaba en la sociedad boliviana, y las categorías usadas en los censos reflejaban la percepción general de la misma. Sin embargo, como consecuencia del sufrimiento común en la guerra del Chaco, regía también una cierta deslegitimación del racismo. Cuando, a comienzos del año 1939, surgió un partido cuya plataforma incluía no solo los intereses regionales de los departamentos orientales sino también el fomento de la identidad racial blanca y su defensa, este partido tropezó con la ira del presidente Germán Busch, y de la prensa paceña. Apenas nacido, el partido mismo anunció su disolución.

Estas actitudes del Perú y Bolivia, tan diferentes en sus respectivas políticas inmigratorias y en su actitud hacia los extranjeros, ¿cómo se manifestaban cuando se trataba de la inmigración y de la presencia en su seno de refugiados judíos?.

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Mensaje por 27Pulqui » Dom Sep 06, 2009 4:26 pm

5. Perú y los refugiados judíos

En noviembre de 1937, la Sociedad de Naciones invitó a Perú a participar en una conferencia destinada a estudiar un acuerdo internacional sobre la solución del problema de los refugiados. El Perú declinó la invitación. Tres meses más tarde no pudo negarse a aceptar la invitación del presidente Roosevelt a participar en la conferencia que se reunía en Evian en el mes de julio de 1938. En su discurso ante la conferencia, luego aprobado por el ministro de relaciones exteriores, el embajador del Perú en Francia reflejó fielmente la línea fijada por el asesor técnico jurídico en lo referente a refugiados judíos: expresó simpatía por las víctimas de los nazis, así como la esperanza de que su problema se resolviera de modo positivo, pero al mismo tiempo manifestó la expresa negativa del Perú a toda participación activa en su solución. A pesar de ello, se invitó al Perú a participar en el Comité Intergubernamental. En enero de 1939, el Perú manifestó, en términos ambiguos, que aceptaría trabajadores agrícolas. En concreto, no hubo modificación de la actitud pública en lo referente al salvamento de judíos, ni tampoco de su política real.

El 17 de noviembre de 1938, el cónsul de los Estados Unidos en El Callao informó que, por instrucción secreta emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se había prohibido a todos los cónsules otorgar visados de entrada a judíos. No se trataba de una nueva instrucción, sino de la orden de aplicar rigurosamente las instrucciones vigentes, por lo tanto se había prohibido a los cónsules honorarios otorgar visados, además se había despedido a un alto funcionario de la embajada en París y se había expulsado a tres alemanes por organizar inmigración ilegal.

Las demostraciones de rechazo a los judíos están registradas en las comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo en la radicación en Perú de la fábrica checoslovaca de calzado Bata, en la cual debía garantizarse la ausencia de judíos entre el personal inmigrante. El 25 de junio de 1940, cuando ya Manuel Prado era presidente del Perú y el mapa de Europa se había modificado a raíz de la derrota de Francia, el embajador del Perú en Lisboa comunicó que el embajador de Polonia en Portugal solicitaba del Perú autorización para el ingreso de 50 familias polacas refugiadas en Lisboa, que buscaban asilo. Estas familias querían dedicarse a la agricultura, el embajador señaló que “me agregó que se trataba de personas No Judías”.

A fines de octubre de 1942, los dirigentes de la comunidad judía en Lima solicitaron al gobierno permiso para 50 niños judíos de Francia, hasta el término de la guerra, y a cuenta de judíos propios. El número era muy bajo en comparación con los mil niños judíos que figuraban en la solicitud sometida al gobierno argentino y que éste aceptó. La respuesta de las autoridades de Lima fue negativa. El gobierno peruano, tanto del general Benavides como bajo el presidente Manuel Prado, no manifestó, pues, simpatía alguna por la inmigración de refugiados judíos. El antisemitismo oficial en el campo de la inmigración se apoyaba en un antisemitismo popular bastante difundido, aunque en comparación al odio hacia los chinos y japoneses pudiera parecer mas bien moderado.

Ante la imposibilidad de modificar la política de inmigración, se hizo necesario buscar resquicios en la política existente para poder hacer entrar judíos al Perú. El número de los que habían podido penetrar en el país hasta el mes de mayo de 1937 era de apenas 190. Por aquel entonces se podían conseguir por arreglos extraoficiales y al margen de los reglamentos visados para aquellos de quienes podían demostrar que habían sido llamados expresamente para trabajar como expertos en determinada actividad. Las operaciones del comité de ayuda que se había constituido en Lima se vieron cada vez más limitadas. Pese a los importantes medios que el American Jewish Joint Distribution Committe –la mayor organización del socorro del judaísmo norteamericano- puso a disposición del comité local, la inmigración judía al Perú no aumentó apreciablemente.

Durante los años de la guerra no hubo cambios significativos, y la inmigración de judíos siguió limitada a casos aislados, con carácter excepcional. Según los archivos del comité de protección a los inmigrantes judíos, en los diez años transcurridos desde el ascenso al poder de los nazis, en 1933, hasta el 1 de enero de 1943 (cuando ya el Perú había roto relaciones diplomáticas con Alemania), ingresaron al Perú 536 judíos, de los cuales 30 volvieron a emigrar. Aun suponiendo que esa cifra no refleje el número total de inmigrantes y que dé cuenta sólo de aquellos que eran conocidos de los organismos de asistencia, no hay dudas de que la contribución efectiva del Perú al salvamento del pueblo judío por intermedio de la inmigración de refugiados fue, de hecho, ínfima.

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Mensaje por 27Pulqui » Mar Sep 08, 2009 3:47 pm

6. Bolivia y los refugiados judíos: la actitud oficial

Entre marzo y mayo de 1935, el Alto Comisionado para los Refugiados (Judíos y Otros) Procedentes de Alemania realizó una gira por Latinoamérica en búsqueda de posibilidades de inmigración. Bolivia quedó excluida por su conocida pobreza y sus pérdidas en la guerra del Chaco. Sin embargo, en los años posteriores Bolivia salvó a más judíos que cualquier país indoamericano.

La política de fomento de la inmigración y la colonización iniciada por el gobierno del “Socialismo Militar” en 1937, no excluía a los judíos, pero muy pocos de estos últimos aprovecharon la oportunidad. A pesar de ello, se conoció, el 14 de marzo de 1938, una Resolución Suprema según la cual “Los cónsules de la República están obligados a elevar todas las solicitudes de ingresos de judíos para ser resueltas por el Ministerio de Agricultura”. Éste haría uso de sus facultades para acceder sólo al pedido de aquellos judíos que pudieran ser útiles dentro de las actividades nacionales. También según la misma resolución, “Los judíos que salgan al exterior, llevarán reingreso autorizado por el Ministerio”. Los judíos fueron, pues, marcados por esta resolución para un trato especial, a todas luces discriminatorio.

El encargado por entonces de la jefatura de la Dirección Nacional de Extranjería en el Ministerio de Agricultura, explicaba, años más tarde, que esta medida se había tomado tras averiguarse que “el Consulado (sic) Honorario de Bolivia en Praga... se destacó como el primer negociante” en visados bolivianos, y con el fin de contrarrestar sus actividades ilícitas. Pero el mismo ministro de Agricultura, quien firmó la resolución junto con el presidente Germán Busch, informaba al embajador de los Estados Unidos “que las restricciones impuestas a la inmigración judía por el gobierno, no tiene importancia particularmente inmediata o de urgencia”. Ellas fueron –así dijo- “dictadas con la vista al futuro cuando se esperaba que grupos grandes de inmigrantes asimilables vengan a instalarse en los vastos espacios de tierras baldías”. ¿Cuál de las dos tenían razón?. De todos modos hay que subrayar que la resolución no cerraba las puertas a la inmigración judía sino que únicamente la controlaba.

Esta ambigüedad –o quizás doble mensaje- volvió a ponerse de manifiesto tres meses más tarde. Firmada por un nuevo ministro de Agricultura, la Circular Ministerial enviada a los cónsules bolivianos el 24 de junio de 1938 en su segundo artículo afirmaba que la apertura de las fronteras bolivianas a todos los hombres del mundo, no se refería a inmigrantes negros ni a personas que constituyeran un peligro para la preservación y el mejoramiento de la raza boliviana. El artículo no mencionaba a los judíos; pero, dados los conceptos difundidos en cuanto a su carácter inasimilable, no sería equivocado presumir que dicho artículo se refería también a ellos. Sin embargo, dos semanas antes de firmar esta Circular Ministerial, el mismo ministro había expresado públicamente su repudio a las persecuciones de los judíos en Alemania y declarado que las puertas de Bolivia quedaban abiertas también para ellos.

Con el agravamiento de la situación de los israelitas en Austria, el país sudamericano se convirtió en un potencial destino de los refugiados. La política inmigratoria que el nuevo Ministerio de Inmigración aplicaba, indujo al representante británico en La Paz a calificarla, el 2 de diciembre de 1938, como “muy liberal”. El subsecretario del Ministerio de Inmigración en una nota dirigida al embajador norteamericano especificó los pormenores dispositivos de la ley decretada por la Convención Constitucional de 1938: no se fijaría ninguna cuota a la entrada a Bolivia de personas interesadas en actividades agrícolas e industriales, ni se limitaría tampoco el ingreso de capitalistas que dispusieran de 5.000 dólares; se daría preferencia a cónyuges acompañados de hijos varones y se facilitaría la entrada de parientes de inmigrantes ya establecidos en el país, siempre y cuando éstos pudieran mantenerlos y fiar por responder de su buena conducta.

En la Octava Conferencia Internacional Americana, reunida en Lima el 9 de diciembre de 1938, el representante boliviano presentó un proyecto de resolución que decía: “Considerando que el Continente Americano, símbolo de armonía y paz, debe desarrollar toda acción que tienda a la solidaridad humana, sin distinción de razas, de credos ni de patrias... Resuelve, Recomendar a las naciones de América adopten disposiciones que favorezcan la inmigración y opongan al racismo reaccionario nuestro lema de fraternidad, de paz y de concordia humanas”. Este proyecto contrastaba, drásticamente, con los demás proyectos en materia de inmigración, especialmente con los de Brasil y de Argentina, que tendían a limitar, controlar y restringir la inmigración de refugiados, llegando hasta proponer una colaboración internacional con este fin.

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Mensaje por 27Pulqui » Jue Sep 10, 2009 2:14 pm

7. Bolivia: la inmigración en marcha

Para la declarada política de puertas abiertas a la “inmigración semita”, la aprobación o rechazo de los pedidos de inmigración quedaron bajo la jurisdicción del propio ministro de Relaciones Exteriores, como lo había estado anteriormente bajo la del ministro de Agricultura. Para asesorarse en sus decisiones, el ministerio nombró un Comité Asesor Pro-Inmigrantes Semitas, entre sus miembros se destacaba el judío más prominente de Bolivia: el Dr. Mauricio Hoschchild, frecuente visitante del presidente Busch. Es posible afirmar que a partir de enero de 1939, Hochschild jugó un papel preponderante en la organización del Comité Asesor así como en la organización de la Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas. Para entonces ya se encontraban en La Paz centenares de refugiados judíos y se esperaba la inmediata llegada de otros tantos. Con este objetivo no se empleaban sólo los procedimientos indicados en los reglamentos oficiales.

Un gran número de gestores, intermediarios, abogados y otras personas de influencia intervenían en el proceso de solicitar y conseguir visaciones para sus protegidos. Es evidente que el afán de lucro era el móvil principal de sus esfuerzos. Hasta algunos miembros del Comité Asesor –que quedó disuelto tras funcionar por un corto tiempo- estaban involucrados en estos negocios, y uno de ellos junto con sus dos hermanos, fue expulsado por haber explotado la desgracia de sus correligionarios refugiados para su propio beneficio.

Una transgresión aun mayor de las normas legales consistía en la autorización de permisos colectivos y la emisión –desde el mismo ministerio- de autorizaciones firmadas en blanco. De acuerdo con la información suministrada por el director de Inmigración, Juan Silva, se habían despachado autorizaciones colectivas para un total de 1.700 personas a los consulados de París y Marsella, así como otros para centenares de personas a los de Varsovia, Hamburgo, Génova y Londres, respectivamente. Estos permisos de entrada fueron vendidos en Europa directamente por los mismos cónsules o a través de agencias de viaje, compañías transporte marítimo o agentes privados. Las sumas que pagaban los refugiados por los visados eran fabulosas, en la prensa boliviana se mencionaban sumas de 10.000 y hasta 20.000 francos. Según los datos recogidos por Silva, estas autorizaciones colectivas se elevaban por lo menos a 2.631. Con ellas, aseguraba, habrían llegado ya a Bolivia 1.915 inmigrantes mientras que las demás estaban todavía a la venta.

El 13 de mayo de 1939 estalló el escándalo. El presidente Busch destituyó a funcionarios de primer orden y ordenó una investigación minuciosa, mientras ésta seguía lentamente su curso, a pesar de todo, el gobierno boliviano no procedió a anular los permisos emitidos fraudulentamente. Las trabas a la inmigración judía antecedieron al affaire del negocio de ventas de visados: el 3 de mayo de 1939, Germán Busch decretó la suspensión por seis meses de la inmigración semita, dejando un plazo de 90 días para los que ya poseían visaciones pudieran llegar al país. El autor indirecto –o incluso directo- de este decreto fue, según sus propios dichos, el Dr. Hochschild; empeñado entonces en erigir una colonia agrícola para el asentamiento de centenares de refugiados y en mejorar la absorción de los miles que ya habían llegado, consideraba indispensable la clausura temporal de la inmigración.

La actitud restrictiva se recrudeció al agotarse el plazo de 90 días, así fueron eliminados los permisos de ingreso, circunscribiéndolos a casos excepcionales. Oficialmente podrían ingresar sólo judíos que estuvieran calificados como agricultores, depositando 350 dólares, o como capitalistas, para lo cual tenían que ingresar con un capital de 1.250 a 2.500 dólares. Sin embargo, la dudosa aplicación de dichas normas dio lugar en los meses posteriores a nuevos decretos e instrucciones, con el fin de limitar la llegada de judíos; una circular del Ministerio de Inmigración, del 20 de marzo de 1940, prohibía el ingreso de elementos semitas hasta que el Congreso determinara lo que conviniese en esa materia; un Decreto Supremo del 30 de abril de 1940 suspendió en general, y por tiempo indefinido, la inmigración judía, pero al mismo tiempo volvía a conceder un plazo de 90 días para el arribo al país de inmigrantes que ya poseían permisos de ingreso.

Al margen de las disposiciones oficiales formales seguían funcionando también, en la primera mitad del año 1940, los procedimientos oficiosos de repartición de permisos de entrada. Al respecto, el cónsul general en Hamburgo, a cuyo cargo estaba la inmigración, había expedidos visados a personas demasiado ancianas para desempeñar tareas agrícolas. El encargado de negocios en Berlín, dejaba constancia de una táctica que hasta cierto punto vulneraba todas las medidas de control: el de llamadas de Bolivia gestionadas allí directamente por parientes, amigos o abogados de los interesados. Sin embargo pasaron cuatro meses antes de que el otorgamiento oficioso de permisos de inmigración en Hamburgo cesara con la imposición de “medidas disciplinarias”.

Continúa el capítulo 7...
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Dos naciones andinas y los refugiados judíos

Mensaje por 27Pulqui » Jue Sep 10, 2009 2:16 pm

Seguimos con el capítulo de la inmigración en marcha:

La inmigración de judíos a Bolivia no cesó en el año 1940, a pesar de las severas críticas que la habían acompañado casi desde el primer día y de que había dado lugar a manifestaciones netamente antisemitas. Esta política positiva no era producto de la influencia de Mauricio Hochschild, que abocaba sus esfuerzos a un proyecto de colonización, en tanto la Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas, que funcionaba con fondos de la American Jewish Joint Distribution Committe, ayudaba a inmigrantes judíos a ubicarse en otras ciudades, fuera de La Paz, y sostenía a los que no encontraban trabajo, lo que alentaba a los dirigentes bolivianos que apoyaban la continuación de la política de puertas abiertas. El mantenimiento de esta política no dependía de las relaciones de Hochschild con Busch, como lo demuestra el hecho de que cuando Hochschild cayó en desgracia en junio de 1939 (se salvó de una condena de muerte a duras penas), el episodio no perjudicó la inmigración de los refugiados judíos.

Tampoco la muerte de Germán Busch y el ascenso de su sucesor, el general Carlos Quintanilla, alteró básicamente la situación de la “inmigración semita”. Restituida la normalidad constitucional en abril de 1940 con la elección del presidente Enrique Perañanda, el Congreso Nacional debatió el cese definitivo de la inmigración judía, pero la ley votada a este efecto por la mayoría de la Cámara de Diputados fue rechazada en el Senado, que rehusó aceptar su formulación racista.

Esta actitud ambigua y contradictoria de la cumbre política, queda fielmente reflejada en el juicio que emitió ese mismo año el famoso escritor e historiador Alcides Argüedas, líder del Partido Liberal, que era entonces ministro de Agricultura e Inmigración; luego de repudiar las persecuciones nazis, al referirse a los israelitas decía: “Tal es la raza que, por razones políticas del momneto y por combinaciones especiales y al margen de la ley y de la moral, ha ingresado al país y ha invadido las principales poblaciones, complicando de una manera particular la vida y las costumbres de los pobladores. Esta raza bien seleccionada e inteligentemente atraída para fines determinados, puede realizar grandes obras... El ejemplo de Argentina es bastante aleccionador y destruye todo argumento o todo prejuicio en contra de esta raza”. Argüedas no rechazaba la posibilidad de recibir a los judíos, siempre que se tratara de una corriente inmigratoria seleccionada y productiva.

A pesar de su desilusión por la calidad de la inmigración judía que llegaba al país, y de la severa crítica de que fue objeto la corrupción de sus propios funcionarios, Bolivia salvó, son sus permisos de inmigración, a nada menos que diez mil judíos. A esta estimación Avni llega en base a los datos suministrados en la Memoria del Ministerio de Agricultura, los que indican que, de las 20.338 autorizaciones de ingreso al país emitidas a viajeros de todas las categorías –inclusive turistas- en los años 1938 y 1939, unas 12.000 fueron para inmigrantes, unos 10.000 de los cuales llegaron efectivamente. En el primer semestre de 1940 entraron al país 782 inmigrantes de los cuales 594 eran “elemento semita”. Al sustraer los inmigrantes no judíos de los años 1938 y 1939 y agregando los –ya pocos- “semitas” que habrían llegado después del primer semestre de 1940, así como al “elemento semita” que hubiera entre los 2.200 inmigrantes autorizados que no llegaron a Bolivia y que, utilizando los documentos bolivianos, habían encontrado refugio en algunos países de tránsito, a criterio de Avni la cifra de 10.000 representa fielmente el aporte de Bolivia a la supervivencia de los judíos por intermedio de su política inmigratoria.

La presencia de miles de refugiados llegados en poco tiempo de las urbes centroeuropeas a las poco europeizadas ciudades bolivianas, constituyó un encuentro traumático tanto para ellos como para la sociedad local. Las expresiones negativas de este encuentro, en forma de acusaciones antisemitas que atribuían a los inmigrantes todos los males de la sociedad boliviana –además de los problemas reales que causaban como la carestía de viviendas- no tardaron en encontrar expresión. Tampoco faltaron los que repudiaron a este antisemitismo. Pero los aspectos humano, cultural y psicológico de este dramático encuentro, todavía son un tema a tratar por historiadores y novelistas.

Continúa...
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Dos naciones andinas y los refugiados judíos

Mensaje por 27Pulqui » Jue Sep 10, 2009 2:19 pm

8. Perú y Bolivia: una comparación

Perú tenía mejores posibilidades objetivas que Bolivia para acoger refugiados judíos, pero no se consideraba a sí mismo país de inmigración y mantenía una actitud racista hacia los sectores más importantes de su población inmigrada, inclusive la judía. En cambio, Bolivia veía en la inmigración un remedio saludable a sus problemas de población, abastecimiento y producción. Esta última estaba interesada en atraer masas de inmigrantes. Pero, consciente de su menor capacidad, en comparación con sus vecinos sudamericanos –y especialmente Argentina- de ofrecer a los inmigrantes recursos, buenas vías de comunicación y buenas perspectivas para una afluencia de corto tiempo, estaba dispuesta, según Alcides Argüedas, a resignarse a recibir inmigrantes de menor calidad. La “inmigración semita” formaba parte de esa categoría.

La posibilidad de recibir gente de una civilización avanzada, que llegara provista de recursos materiales, fue lo que indujo al presidente Germán Busch a declarar, en abril de 1939, ante Mauricio Hochschild y dos emisarios del American Jewish Joint Distribution Committe, que estaba dispuesto a recibir hasta 20.000 colonos judíos. Esta fue la razón por la cual, ya desaparecido Busch, el presidente Carlos Quintanilla autorizó la conclusión de un acuerdo entre el Ministerio de Colonización e Inmigración y los delegados de la Organización Maccabi Mundial, según el cual se establecerían en el Departamento de Santa Cruz colonias judías que abarcarían hasta 4.800 colonos inmigrantes, el acuerdo fue firmado oficialmente el 28 de octubre de 1939 y, también oficialmente, cancelado el 9 de mayo de 1940. Esta fue también la razón por la cual el ministro Argüedas decreto la creación del Comisariato (sic) Nacional de Inmigración, integrado por algunos judíos, con un fallido plan (por irrisorio) que pretendía atraer inversiones y maquinarias para erigir industrias con el fin de dar empleo a los miles de inmigrantes judíos que se encontraban en Bolivia.

No obstante el desengaño que los inmigrantes que habían llegado provocaron y la reacción negativa de grandes sectores de la sociedad boliviana a su presencia, la Bolivia oficial no adoptó actitudes racistas ni abandonó su disposición a recibir inmigración judía seleccionada. La forma corrupta como se efectuó la repartición de los permisos de entrada y de los pasaportes “para no bolivianos” hizo que la cantidad de judíos que llegaron a Bolivia superara con mucho la que habría arribado si se hubieran cumplido estrictamente las disposiciones legales. Esta cantidad superaba, definitivamente, la capacidad receptora del país, lo que llevó a un gran número de los inmigrantes –hasta 2.200 según estimación de la Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas- a emprender una nueva emigración, esta vez clandestina, a los países limítrofes, especialmente a la Argentina.

Esta misma inmigración, desproporcionada a la capacidad de absorción, llevó al Dr. Hochschild hasta el extremo de solicitar la suspensión de la “inmigración semita” por seis meses. También en el Círculo Israelita decidieron hacer un llamamiento a la opinión pública judía en Europa afirmando que, dada la realidad económica y social del país, “a ningún judío que no esté obligado a huir de los campos de concentración y de las prisiones, le está permitido venir a Bolivia”.

Pero ni Hochschild ni los miembros del Círculo Israelita –y mucho menos las autoridades bolivianas en La Paz- sentían en carne propia la angustia, el terror y el pánico que afligieron a los judíos en Europa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y durante los primeros años de la misma. Los judíos implicados, en cambio, si los sentían y los cónsules bolivianos en Europa los presenciaban. Y fueron estos últimos, muchos de ellos llevados por una codicia sin escrúpulos, los que hicieron que Bolivia salvara a judíos en una medida que no tenía relación con sus capacidades objetivas.

En la realidad ilegal, inmoral y anormal de las persecuciones y del Holocausto, los esfuerzos de salvamento, cuando quedaron constreñidos a los estrechos límites de la legalidad, la moralidad y la normalidad, rindieron pocos resultados. Pero hay que subrayar que, para que las vías oficiosas de fuga quedaran abiertas, se hacía necesario una benevolencia oficial con respecto a los inmigrantes. Esta se dio en el caso de Bolivia, porque su interés en recibir a inmigrantes coincidía con la necesidad que tenían los judíos de salvarse. Este no fue el caso en el Perú.


En el próximo mensaje, que será el último, trataré de acercar otras consideraciones.
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Mensaje por 27Pulqui » Jue Sep 10, 2009 3:16 pm

Dicho de modo muy brevé:

1) Constaté que el autor Leonardo Senkman menciona varios trabajos relativos a la corriente inmigratoria judía hacia Bolivia. Si bien no pude aún llegar a dichos estudios, el interés de varios investigadores confirmaría la existencia de una corriente de relativa importancia.

2) La socióloga Carlota Jacksich en su libro El nazismo y los refugiados alemanes en la Argentina 1933-1945 por medio de una estadística señala el carácter urbano de la mayoría de los judíos centroeuropeos, en concreto alemanes y austríacos. Este hecho podría asociarse a una traba disimulada al ingreso de refugiados israelitas en varios países sudamericanos, pues las políticas oficiales ponían el acento en el interés en la inmigración de agricultores.

3) Avni en su artículo menciona el subsiguiente pasaje de muchos inmigrantes judíos hacia la Argentina, pero no ahonda en esta cuestión. En los años del nazismo, muchos judíos esperaban en los paises fronterizos la oportunidad de ingresar de manera legal o ilegal al país platense.

4) Queda constatar el panorama peruano desfavorable para los judíos y los inmigrantes en general. Por razones de espacio no transcribí algunos pasajes en donde el Perú es presentado como un país xenófobo, al menos en esa época. Tal vez el autor, en su ánimo de contrastar las diferentes posiciones de las naciones andinas, ha caído en una visión muy poco matizada.

Fin
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